Abril - mayo del 2021
Juan Diego Perdomo Monroy, estudiante universitario. Marcelo Agredo Inchima 17 años menor de edad. Nicolás Guerrero músico, Daniel Azcarate, Miguel Pinto y más de 19 jóvenes muertos y 80 desaparecidos entre el 29 de abril y el 2 de mayo. Jornadas interminables en las que la violencia de estado y la brutalidad policiaca de un gobierno soberbio y desconectado de la necesidades y realidad que vivimos los 50 millones de colombianos han provocado un enfrentamiento cruel y desmedido.
Una realidad donde la pandemia nos ha acorralado a la miseria y el hambre, donde el no cumplimiento de los tratados de paz con las FARC, ha atizado la hoguera de la guerra, y donde protestar y pedir un futuro mejor es condenado desde el gobierno nacional como actos de terrorismo y vandalismo. En Colombia defender los derechos humanos y exigir cumplirlos es exponerse a morir bajo las balas del estado y los delincuentes de extremas derechas e izquierdas.
Colombia lleva más de medio siglo sumido en una guerra que fracturó el campo, las selvas, montañas y sabanas con las ciudades. Donde los urbanitas vivieron en relativa paz desconectados de los demás colombianos que sufrieron por décadas la guerra civil entre estado, paramilitares y guerrillas.
El estallido social que vive no solo Colombia sino toda América Latina desde 2019, hizo que el sufrimiento y la miseria causados por la guerra en los campos se trasladaron a las ciudades, enfrentando a la mayoría de los ciudadanos con el mayor violador de los derechos humano: el gobierno y las fuerzas de seguridad que lo respaldan.
Y este gobierno que omite garantizar nuestros derechos humanos, también es responsable del patrimonio cultural y ambiental que no solo es de los colombianos sino de todos los ciudadanos del mundo. La inacción del estado para prevenir la deforestación de las selvas tropicales del Chocó, del Amazonas y de los bosques andinos que resguardan el agua, glaciares y servicios ambientales de los que dependen millones de colombianos, es también un acto de violencia sobre el pueblo, al que cada vez le es más difícil acceder al agua, alimentos, salud y educación.
La protesta social y el reclamo por derechos humanos son un acto político, un acto de dignidad y de vida. La real revolución en América Latina y en Colombia es aceptar que la vida y los derechos fundamentales de los 400 millones de latinoamericanos, es más importante que la economía, las diferencias políticas y los autoritarismo y populismo que unos pocos quieren imponer sobre los demás.
La violencia engendra más sufrimiento y dolor, y reproduce sin fin las condiciones para la muerte y la guerra. El perdón sin olvido es necesario para que no se siga repitiendo la muerte de nuestros jóvenes, la violencia contra las mujeres, el exterminio de los pueblos originarios, la marginación de los afrodescendientes, la estigmatización de las identidades no binarias. Perdonar para seguir adelante y buscar la equidad y la paz social; no olvidar para que los que causaron dolor no vuelvan ejercer el poder y quienes lo secundaron con las armas sientan vergüenza por sus acciones.
Es urgente un nuevo pacto social, replantear la idea de desarrollo económico, una forma diferente de ejercer el poder político. Es necesario hoy reinventarnos como América Latina para poder vivir en Paz.
Dr. Julián Alejandro Osorio Osorio.
Miembro Directorio Acceso PanAm
Doctor en Patrimonio. Universidad de Huelva, España.
Especialista en Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible; UNESCO – Universidad Nacional de Tres de Febrero. Buenos Aires, Argentina.
Diploma de Estudios Avanzados en Antropología Social. Universidad de Huelva, España.
Magíster en Patrimonio Histórico y Natural. Universidad de Huelva, España
Historiador Universidad Nacional de Colombia.
ORCID: 0000-0002-1318-6073.
Profesor área de Patrimonio, Cultura y Turismo – Especialización en Turismo, Ambiente y Territorio – Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
